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Un
pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla
Fabíola Luna
Lima - Perú
En
el Perú, la Comisión de la Verdad fue creada durante
el gobierno de Valentín Paniagua. El presidente Alejandro
Toledo ratificó la Comisión el mismo año, ampliándola
a Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esta
Comisión estuvo compuesta por 12 comisionados presididos
por Salomón Lerner, Rector de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. A ellos se les encargó investigar
sobre los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y
2000, el largo periodo que duró el conflicto armado
interno, e identificar las responsabilidades tanto de
quienes cometieron crímenes como de quienes los ordenaron
o los permitieron. Pero, en realidad, fue la sociedad
peruana la que conmocionada por las gravísimas consecuencias
de la violencia vivida reclamó la conformación de esta
Comisión. El 28 de agosto del 2003 se entregó el Informe
Final.
Julio Cotler expresa el sentimiento de la mayoría de
peruanos: “la labor de esta Comisión es un ajuste de
cuentas con nuestro pasado inmediato, pero quiero creer
que también sea una advertencia para el futuro”.
Bien dice Lerner que esta Comisión contó con el valioso
recurso de la experiencia acumulada por diversas organizaciones
similares alrededor del mundo, por ejemplo, las que
actuaron en Latinoamérica.
En el Perú el “conflicto armado interno” (se prefirió
llamarlo así aunque su sinónimo puede ser “guerra interna”)
se dio en situación de democracia, no en un régimen
militar. Eso fue posible “porque tuvo lugar principalmente
en los márgenes rurales y urbanos de un Estado que en
esos años expuso sus antiguas y profundas debilidades”[1]
. Fue posible por la ausencia de una comunidad nacional
democrática, por la extendida y creciente pobreza, la
inequidad y toda clase de discriminaciones. La débil
presencia del Estado peruano en varias partes del territorio
nacional y la propensión a aceptar formas de manipulación
vitalicia o formas autoritarias y militarizadas del
ejercicio del poder explican la tendencia a resolver
los conflictos en forma violenta.
David Scott Palmer, buen conocedor de la historia política
peruana, desde tiempos atrás, presenta tres elementos
fundamentales que iluminan bastante bien el por qué,
si bien no se daban “las condiciones objetivas para
una revolución armada”, se dio el conflicto armado en
el Perú:
1. Una organización política universitaria y de la periferia
con un liderazgo convencido de que había encontrado
la verdad absoluta en su ideología maoísta y su estrategia
aprendida en la Revolución Cultural China. Uno de los
ejes de su visión ideológica era el voluntarismo, es
decir, iniciar la guerra popular aun cuando no se daban
las condiciones objetivas para crearlas con el tiempo
a través de sus acciones.
2. La presencia y preparación durante dos décadas en
una región del Perú marginada de la vida nacional, donde
las reformas del gobierno militar, sobre todo la Reforma
Agraria, no respondían a las realidades y necesidades
locales y empeoraban la calidad de la vida de la mayoría.
3. Un gobierno que, aunque democráticamente elegido,
no quería ver el momento histórico de su país; no quería
ver ni quería creer lo que estaba pasando en la periferia
y nunca armó una política coherente ni una estrategia
global de respuesta, produciendo con el tiempo, y a
través de sus múltiples errores, exactamente las condiciones
que buscaba Sendero Luminoso: abandono, abusos, violencia
generalizada y desgobierno[2].
Realmente el caldo de cultivo para el surgimiento de
Sendero Luminoso, fue en mucho, la dinámica interna
de profesores de una universidad provinciana así como
su fuerte ideología. Profesores universitarios pobres
en uno de los departamentos más pobres del país, Ayacucho.
Pobreza, falta de alternativas y frustración. Las instituciones,
privadas y públicas, no estaban cerca de la población
necesitada; otros lo estuvieron inspirando temor y terror
“con su verdad absoluta” y matando atrozmente a la población
que decían defender y en realidad no tenían ningún respeto
por la vida humana.
El presidente de la CVR del Perú empezó su lúcido discurso
en la entrega del Informe final con graves palabras:
“La historia del Perú registra más de un trance difícil,
penoso, de auténtica postración nacional. Pero, con
seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan
rotundamente con el sello de la vergüenza y el deshonor
como el fragmento de historia que estamos obligados
a contar en las páginas del informe que hoy entregamos
a la Nación. Las dos décadas finales del siglo XX son
— es forzoso decirlo sin rodeos — una marca de horror
y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos”.
La CVR se ha acercado “a los sobrevivientes” de una
violencia que arrancó de la vida a 69.280 peruanos que
pertenecían a aquellos sectores históricamente más desprotegidos
y marginados del país, personas de bajos recursos económicos,
mayoritariamente indígenas y campesinos, que tenían
una lengua nativa como el Quechua, Aymara o Asháninka.
El 68 % tenía una capacitación educativa por debajo
del promedio normal. Estas víctimas son las mismas víctimas
del olvido del Estado, ignorados y despreciados por
los peruanos de las ciudades. ¡Peruanos del “Perú profundo”,
Perú que no se quiere reconocer! El número de muertos
supera a los que fueron muertos en todas las guerras
externas y guerras civiles en los 180 años de vida republicana
del país.
Sendero Luminoso (SL) es el culpable del 54 % de las
víctimas. Pero SL no fue el único responsable. También
el Estado y sus agentes jugaron un papel en el problema.
De acuerdo a las investigaciones, en ciertos casos,
las Fuerzas Armadas incurrieron en una práctica sistemática
o generalizada de violaciones a los derechos humanos.
El Informe Final encontró fundamentos para señalar la
comisión de delitos de lesa humanidad e infracciones
al derecho internacional.
Lo que hizo la CVR es “desenterrar la verdad”, según
palabras de Gustavo Gutierrez. Buscar la verdad entre
“las numerosas fosas (lugares de entierro) en las que
se amontonaban los cuerpos de tantas víctimas de la
violencia, cuyo destino buscaba ocultarse”. Las investigaciones
de la CVR revelaron la existencia de más de 4.000 sitios
de entierro clandestino.
En el Perú la palabra “reconciliación” ha dado lugar
a mucha controversia y mayoritariamente ha sido muy
incomprendida. Pero “la reconciliación no se define
como un acuerdo con los responsables de la violencia,
sino como un proceso de recomposición de los vínculos
entre todos los peruanos. La Comisión ha entendido,
con toda razón, que la verdad y la reconciliación sólo
son y serán posibles en una sociedad democrática si
entre ellas se hace valer el principio de la justicia”3
.
En la conclusión 170 “la CVR propone que el gran horizonte
de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía
plena para todos los peruanos y peruanas. A partir de
su mandato de propiciar la reconciliación nacional y
de sus investigaciones realizadas, la CVR interpreta
la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre
el Estado y la sociedad peruanos, y entre los miembros
de la sociedad”. (NA)
[1] Carlos Iván Degregori en el Seminario Internacional
Procesos post Comisiones de la Verdad, “De la negación
al reconocimiento”.
[2] David Scott Palmer en el Seminario Internacional
Procesos post Comisiones de la Verdad, “De la negación
al reconocimiento”.
[3] Pronunciamiento institucional de la Pontificia
Universidad Católica del Perú sobre el Informe Final
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. |
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