Sociedad Civil y Mercado
Juan Marí Lois
Bolivia
Doctor en Ciencias Filosóficas (PHD),
Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos
de la Universidad Mayor de San Simón,
Cochabamba, Bolivia.
Miembro del Consejo Consultivo
Internacional de Novamerica.


Frente aos dois agentes sociais, Estado e empresa privada, a sociedade civil deve realizar uma função de controle e regulação para que a própria sociedade política não seja impedida de continuar funcionando. Entretanto, a sociedade civil não pode exercer um controle direto sobre a empresa privada se não for através do Estado, Estado este que não está cumprindo com seu papel regulador, declinando a responsabilidade que tem perante os cidadãos.


La Revista Novamerica ha formulado una interesante pregunta: En este momento y dada la situación del capitalismo actual, ¿es posible que la sociedad civil y el Estado regulen/controlen el mercado?

El problema de la posibilidad de que el Estado y la sociedad civil puedan regular el mercado debe verse en dos planos: el de la racionalidad instrumental y el de la razonabilidad ética.

En principio es conveniente definir qué entendemos por "sociedad civil". En las comprensiones más amplias el término apunta a fijar las características de todo lo que no es la sociedad política y aquí se incluiría entonces el conjunto de asociaciones humanas, las relaciones que establecen entre ellas, las diversas organizaciones productivas, esto es, la empresa privada y el propio mercado.

A partir de aquí surgiría el obstáculo lógico y práctico de un organismo, "la sociedad civil", que esté en posibilidad o no de autoregularse.

En la medida en que este es un tema que exigiría de por sí un análisis particular partiremos de la idea de considerar "sociedad civil" al conjunto de organizaciones humanas que ocupan un lugar independiente del Estado y de la propiedad privada; así comprendida estaría formada por: las asociaciones creadas para los más diversos motivos sobre la base de los intereses y aspiraciones de sus miembros, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las comunidades vecinales, todas aquellas que no formen parte del Estado ni de la empresa privada.



En el funcionamiento de la sociedad contemporánea en Nuestra América la lógica predominante es, sin dudas, la de la propiedad privada y el mercado con su corolario de que el funcionamiento del sistema económico debe garantizar la máxima ganancia posible al menor costo y en el menor tiempo posible.

La filosofía neoliberal, que anima esa lógica de funcionamiento, está siendo desde hace años desvirtuada por sus propios defensores de antaño. El Club de Roma, bajo cuyo auspicio se editó en 1991 el informe "La Revolución Global", señaló claramente en este que: "Evidentemente problemas globales no se pueden solucionar sólo por una economía de mercado, si estos exigen un enfoque a largo plazo o si se trata de problemas de distribución. Además aquellos problemas donde se trata de energía, medio ambiente, investigación básica o el trato equivalente, no pueden ser solucionados únicamente por el mercado. Estos problemas solamente pueden ser enfrentados por la intervención del Estado, que se basa en procesos políticos y que usa muchas veces tanto mecanismos de mercado como instrumentos de planificación estatal." "Las fuerzas que operan en el mercado pueden tener efectos colaterales peligrosos, por el hecho de que no se basan en el interés de todos".

Es precisamente esta, la del mercado como regulador de todo, la que se opone a la otra lógica probable de funcionamiento de la sociedad: la del respeto a los Derechos Humanos.

Si aceptamos que los DDHH constituyen hoy el proyecto de dignificación humana más integral y factible de realizar que conocemos, y si lo vemos al calor de la doctrina en su interdependencia e indivisibilidad, llegamos a la conclusión que mientras el estado es, histórica y efectivamente, el principal violador de los derechos civiles y políticos, la empresa privada se erige como la fuente determinante que impide el disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

Frente a estos dos agentes sociales, Estado y empresa privada, la sociedad civil debe realizar una función de control y regulación so pena de que la propia sociedad política se vea impedida de continuar funcionando; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al cual difícilmente pudiéramos ubicar en el bando de los subversores del sistema, se ha encargado en sus informes anuales de alertar a los poderosos sobre el hecho incuestionable de que no es posible esperar que los pobres del planeta continúen aceptando una situación que los denigra y que cada vez se hace más crítica; que las abismales diferencias entre países y entre grupos humanos al interior de un mismo país, que el experimento neoliberal ha creado, son hoy insostenibles.



La solución sigue estando en una lógica de funcionamiento social que, aún aceptando las diferencias en el disfrute de los bienes de consumo, garantice que esa diferencia no lo sea hasta el punto en que millones de personas mueran de hambre mientras se gastan millones en alimentos para mascotas; que no sigan muriendo niños por enfermedades cuya previsión costarían centavos o por no poder pagar la atención médica.

No se trata de suprimir la propiedad privada, ideal difícilmente aceptable después de la experiencia socialista, sino de hacer a esta "razonable", aceptar su desarrollo siempre que cumpla una función social.

Desde esta razonabilidad ética es que se fundamenta la regulación de la sociedad civil sobre el mercado.

Pero, ¿cuál sería la posibilidad tecnológica, la racionalidad instrumental de hacerlo?

La sociedad civil no puede ejercer un control directo sobre la empresa privada si no es a través del estado.

Independientemente de que han surgido y se han consolidado experiencias productivas que rechazan la esencia inhumana del sistema y buscan una mejor distribución del producto entre todos los integrantes de la organización, el camino más prometedor para realizar ese control está en la presión ejercida por la sociedad civil sobre el estado el cual está interesado en mantener los vínculos más armónicos posibles con esta, para evitar su sanción y deslegitimación por medio de las elecciones, ritual democrático pero esencial para los políticos de profesión.

Y el problema principal aquí es que el Estado no está cumpliendo su papel de regulador de la sociedad, está declinando la responsabilidad que tiene ante sus ciudadanos.

La sociedad civil debe exigir al estado la aplicación de las "hermosas y humanas" leyes que caracterizan a la mayoría de las legislaciones latinoamericanas y que "consagran" el derecho a la huelga (siempre que no se haga contra la empresa privada), el de asociación (siempre que no sea en la empresa privada), la no discriminación (aunque muchas empresas exijan a la mujer un certificado médico que garantice que no está embarazada como condición para firmar un contrato), al trabajo (durante los meses que el empresario considere conveniente), a la libertad de expresión (siempre que lo expresado no esté en contra de los intereses de los dueños de los medios), a la educación inclusive la superior (aunque cada año se destine menos presupuesto al sector educativo fiscal), al conjunto de los DESC que son constantemente vulnerados al calor de las leyes neoliberales que son las que realmente funcionan.

El Estado no puede seguir delegando su función de controlador del mercado y que ni siquiera al ser considerados "consumidores" sus ciudadanos se vean desprovistos de derechos.

Existen numerosas experiencias en nuestros países sobre la forma de ejercer este control.



En los últimos años en diferentes lugares se han creado "observatorios" destinados a monitorear las acciones gubernamentales en variados campos, si bien estos se han centrado en los derechos civiles y políticos y, por lo tanto en las acciones directas del estado, la enseñanza es válida para las acciones posibles en el campo de los DESC frente al mercado, que como ha quedado expresado es el principal factor de obstáculo a su ejercicio.

Entre estos campos encontramos los "derechos del consumidor", palabra clave cuando nos relacionamos con las fuerzas del mercado.

Las iniciativas de acción ciudadana son otro mecanismo para ejercer este control, para ello es necesario utilizar las propias leyes locales las cuales ofrecen posibilidades para ello o insistir en reformular aquellas entre las que existan contradicciones.

Las Organizaciones No Gubernamentales u otras de la sociedad civil pueden apoyar a los ciudadanos o actuar bajo su personalidad jurídica y monitorear campos tan sensibles como la acción del mercado en temas tales como: el medio ambiente, atención de salud, calidad educativa de las escuelas privadas, seguridad ciudadana, obras y urbanismo, transporte público, exigibilidad a nivel local o del ámbito de la organización de los derechos amparados en el campo de los DESC.

Lo anterior, sin evadir el tradicional control que han ejercido estas organizaciones sobre la acción del Estado.

La figura del "Defensor del Pueblo" aparece como una estructura cardinal en este esfuerzo. La concepción de este es que debe proteger a la ciudadanía de las acciones en que tanto la empresa pública como la privada vulneren sus derechos; por desgracia las atribuciones de los "defensores" se ve limitada en la propia legislación en muchos casos a recabar informes y expedir "recomendaciones", la mayoría de las cuales caen en saco roto en sociedades en las que, a veces, ni los fallos legales se cumplen.

Para todo lo anterior la labor de educación de los ciudadanos en el conocimiento y alcances de sus derechos es fundamental, pero esto sería tema de otra respuesta.

Vista de la forma planteada la acción de regulación por la sociedad civil a través del Estado se erige en una necesidad para la transformación de un sistema cuyo funcionamiento está provocando tensiones sociales de incalculable alcance y cuyos efectos son imprevisibles no sólo para la realización de la dignidad de la persona en ellas sino para su propia perdurabilidad. (NA)