Política del reconocimiento, desarrollo autosustentable y violencia inter-étnica en tierras mapuches
Ricardo Salas Astrain
Chile
Ricardo Salas Astrain, chileno, profesor de Filosofía y Dr. en Filosofía por la Universidad de Lovaina. Profesor titular en la Universidad Católica Silva Henríquez e Investigador principal del Programa Mapuche del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea-Universidad A.H.C. (e-mail: rsalas@ucsh.cl ).



A questão dos direitos coletivos dos povos originários remete às teorias políticas do reconhecimento e do direito intercultural, considerando também a dimensão econômica e sócio-política concreta dos povos indígenas. Os direitos dos autóctones potenciam conflitos inter-étnicos e internacionais porque obrigam a dar conta de novos desafios jurídicos e ético-políticos que são hoje mundiais. A definição de regras de convivência não pode ser resolvida apenas desde uma autoridade tradicional. Requer um jogo plural da autoridade que assuma o desafio de pensar estas novas situações assim como o desafio de propor uma nova idéia de democracia adequada à cidadania étnica..

La visión desde la filosofía de los derechos colectivos de los pueblos originarios se ha venido transformando cada vez más en un relevante y controvertido tema de cara a las teorías políticas del reconocimiento, de modo que el derecho de los autóctonos nos ubica de inmediato dentro del problema central de una ética, de una política del reconocimiento y dentro del ámbito del derecho intercultural. El conflicto está dado por la puesta en duda de las tesis centrales del liberalismo político que han quedado condensadas en las diversas constituciones nacionales, en las instituciones y en los códigos jurídicos, y también por la puesta en duda de la situación política concreta de los pueblos indígenas, dentro de la estructura política y jurídica vigente en los países latinoamericanos.

El problema de los derechos colectivos presenta, además, una dimensión económica y socio-política concreta que es relevante entender para poder explicar el impacto de la globalización en el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas, el cual lleva a diversas problemáticas jurídicas y políticas particularmente complejas. A partir de los agudos problemas de violencia y de aplicación del derecho penal a dirigentes mapuches en los últimos años, proponemos unas líneas para comprender la controversia teóricopráctica no resuelta del todo en el terreno de las ideas político-sociales en Chile.



Los últimos años han sido marcados por un creciente movimiento étnico que ha organizado a varias comunidades en un proyecto político que busca enfatizar la autonomía regional y generar fuertes conflictos con respecto a las políticas homogeneizantes del Estado chileno. Esta situación ha acentuado la violencia inter-étnica en la Región de Araucanía, en la que habitan mayoritariamente los mapuches. El estado chileno ha puesto en práctica diversas instancias con el fin de resolver dicha situación. La más significativa fue la creación de una Comisión de especialistas y dirigentes mapuches. En nuestra opinión, este informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas fue relevante, ya que es la primera vez que en un documento de una comisión gubernamental se hace una crítica fundada sobre las relaciones históricas que el estado chileno ha tenido con los pueblos indígenas, además de proponerse reformas jurídicas, políticas y económicas para reparar los daños causados e iniciar una "nuevo trato" histórico con las minorías.

Para algunos especialistas del mundo mapuche, este informe ha sido algo favorable pues es un reconocimiento consensuado de una historia de relaciones asimétricas, aunque también se lo considera tardío. Para otros dirigentes y especialistas de los derechos indígenas, se trataría de un documento que aunque avanza hacia una política del reconocimiento, lo hace en medio de muchas ambigüedades y contradicciones, de modo que no lograría ajustarse todavía a los parámetros definidos internacionalmente en el campo de los derechos de las minorías indígenas.

La situación actual de violencia reside en creer que, en buena parte, la solución definitiva del problema mapuche estriba en el papel del Estado chileno (Foerster y Vergara, 2003, p. 50). Mientras se está a la espera de una solución, se ve el surgimiento de una violencia interétnica simbólica, que es canalizada por los medios masivos de comunicación -especialmente los de Santiago de Chile-, los cuales muestran titulares sensacionalistas y cubren las noticias referentes a estos grupos como si se tratase de "terrorismo" o "guerrilla". Abundan también noticias sobre incendios de casas y de camiones, noticias sobre represión judicial y procesos judiciales. No se hace mención, sin embargo, al real contexto del reconocimiento de los pueblos autóctonos, a la situación delicada que aflige a los indígenas presos, a las huelgas de hambre, a los reclamos internacionales, etc. Es claro que estas diversas formas de violencia inter-étnica generan condiciones para el surgimiento de actitudes radicalizadas que conllevan a una heroización de la lucha por el reconocimiento.


UN TEMA CENTRAL

Dentro de esta problemática de los derechos comunitarios reaparece como tema central el estatuto político del etnodesarrollo o del desarrollo con identidad de los pueblos indígenas en América Latina (Bengoa, 1999; Saavedra 2002; Prado, 2003; Foerster y Al., 2004). Este problema del reconocimiento está estrechamente vinculado a la expansión de un sistema de racionalización económica del mundo que irrumpe profundamente en los modos de vida de los pueblos indígenas. Nuevas situaciones y estructuraciones definen esta compleja intersección entre la racionalidad económica predominante y las formas sapienciales propias del mundo de vida de las minorías indígenas. Es posible seguir la hipótesis de que "existe una autonomía relativa de lo político" (Foerster & Al, 2004, p. 384), por lo que la evaluación cultural del choque de racionalidades requiere ser entendida a partir de un proceso de construcción de autoridades legítimas, lo que implica a su vez una re-interpretación de los derechos comunitarios, que nos empuja al terreno del "derecho intercultural" (Hoffe, 2000).

De esta manera, la problemática del etnodesarrollo mapuche requiere ser entendida a partir de las políticas desarrolladas por el estado chileno desde la llamada "Pacificación de la Araucanía", a fines del siglo XIX. Esto es crucial para entender el problema actual de la violencia creciente y de sus vínculos con la política intercultural y con los derechos colectivos de los mapuches. Esta historia de asimetrías tiene aspectos comunes con la situación de muchas etnias en América Latina. Las políticas gubernamentales descritas cambian profundamente el modo de entender el problema de los derechos comunitarios, de forma tal que la interpretación que despliegan los sujetos en contacto inter-étnico, deja de manifiesto la des-regulación creciente que trae el modelo del Estado nación enmarcado en un contexto de globalización y consolida una serie de quiebres del derecho tradicional. Pero tal transformación es relevante no solo por la manera como los mapuches entienden los derechos autóctonos, sino porque exige que los miembros y las instituciones de la sociedad dominante modifiquen su concepción del derecho.

Dentro de este marco interpretativo, parece adecuado observar las diversas formas que asume el diálogo político inter-étnico. Sin embargo, cabe prestar mucha atención a la creciente des-regulación normativa que fomenta la pendiente violentista, la cual aparece como única vía para resolver los conflictos. Es verdad que, en cierto sentido, las pugnas actuales son parte de una larga historia de conflictos inter-étnicos que se han venido acrescentando a un "desarrollo desigual", pero ya hemos indicado que el recurso de la violencia no puede ser un criterio para construir un diálogo intercultural. Del mismo modo, es peligroso en el terreno político insistir en un tipo de enfrentamiento basado en puros mecanismos de fuerza. Cabe, por lo tanto, analizar con mucho cuidado los modos extremadamente violentos de hacer "la justicia por las propias manos" y la paulatina implementación de sistemas para-legales y de desprestigio de soluciones jurídicas interculturales.

En este plano, la permanente represión con policías y ejércitos "privados" no ayudan tampoco a resolver ni a distender los ánimos de los bandos beligerantes. Aunque la violencia en las regiones de mayoría mapuche es cada vez más creciente, y a veces la misma atrae y seduce a algunos miembros de los movimientos étnicos, de ningún modo es vista por la mayoría de las organizaciones mapuches como una vía adecuada para resolver los conflictos, aunque se constituye en una pendiente clave para avanzar en la comprensión de visiones más militantes del radicalismo étnico.



NUEVAS RESPUESTAS

Para que una política del reconocimiento pueda delinear nuevas respuestas, es necesario comprender los elementos identitarios presentes en muchas comunidades, así como la novedosa perspectiva jurídicopolítica de los diversos movimientos etnicistas y las respuestas retrasadas que elabora el sistema jurídico nacional. Las demandas de las nuevas organizaciones mapuches emergentes tienen un gran valor, ya que sugieren nuevas propuestas de desarrollo que no solo condicen con el estilo de vida indígena, sino que replantean críticamente el desarrollo de las sociedades dominantes, que no tiene un carácter autosustentable. Se trata de una lucha por vivir de acuerdo a un ethos cultural.

Las demandas de algunas organizaciones indígenas demuestran que las instituciones definidas por el estado chileno para servir a los indígenas pueden quedar cooptadas por la lógica predominante. Las organizaciones buscan, a través de la acción intercultural, no ser neutralizadas por la estructura legal de la dominación del sistema jurídico nacional. Este proceso de lucha, que ha llevado los casos emblemáticos a las Cortes Internacionales, genera nuevos problemas jurídico-políticos para el Estado nación. Justamente este recurso a la internacionalización propende a que las autoridades carismáticas tengan frecuentemente más visibilidad que las autoridades tradicionales.

Nos parece que los derechos de los autóctonos potencian los conflictos inter-étnicos e internacionales porque obligan a dar cuenta de nuevos desafíos jurídicos y ético-políticos que son hoy mundiales. Dentro de este contexto, nos parece crucial que la definición de reglas de convivencia no se resuelva solamente desde una autoridad tradicional que apela a un pasado mítico-religioso, sino que también requiera el juego plural de la autoridad carismática y burocrática en el sentido weberiano, que asume el desafío de pensar las nuevas situaciones epocales. En este plano, el derecho intercultural es parte del derecho internacional que se le exige a todos los estados nacionales. Esta reflexión apunta solo a mostrar la relevancia de un poder político internacional que regule democráticamente el colectivo étnico, que favorezca la expresión del juicio regulado de un campo político abierto, sea de las autoridades tradicionales, sea de las burocráticas; es decir, de cualquier sujeto representativo del colectivo que busque tener algún tipo de protagonismo frente a la des-estructuración comunitaria y a la desarticulación de la identidad étnica por parte de la globalización fáctica. De esta manera, las organizaciones indígenas han lanzado este desafío al estado chileno, desde hace varios, pero el mismo ha respondido, políticamente, de forma muy tímida.

La organización jurídico-política de las etnias exige asumir otros desafíos políticos: proponer una nueva idea de democracia adecuada a la ciudadanía étnica. La tesis democrática básica de una política del reconocimiento, que se encuentre vinculada a un desarrollo autosustentable e intercultural, debe restablecer autoridades legítimas para hacerse creíble en un diálogo complejo que asuma los intereses de todas las culturas en fricción, tanto las de la minoría étnica como la de la sociedad mayor. (NA)