Quo vadis
Alejandro Sánchez
Montevideo, Uruguay



No Uruguai, recentemente, foi elaborado um anteprojeto de Lei de Educação, que cria definições de princípios e metas, assim como um sistema integrado de educação, a introdução de espaços de participação inéditos e o caráter universitário para a formação docente. Como novidade, também cria o Instituto Nacional de Avaliação Educativa (Inee), que produzirá relatórios avaliativos para apresentar ao Poder Legislativo. Apesar de ter partido de um amplo debate e reflexão coletiva que incluiu a cidadania como um todo, hoje a lei entra no Parlamento num cenário de conflito na educação e na sociedade em geral.


…DESDE EL CONGRESO EDUCATIVO

En el primer semestre del año 2006, el Gobierno de Uruguay decidió convocar a la ciudadanía para un Debate Educativo, es decir, para una reflexión colectiva en la que todos los ciudadanos pudieran participar. La importancia del sector educativo para la sociedad en su historia, y el estado insatisfactorio de la educación del presente, determinaron "que distintos sectores de la vida política nacional, y en particular la comunidad educativa, hayan planteado reiteradamente la necesidad y urgencia de adoptar profundas medidas de cambio".[1] El momento parecía haber llegado con la convocatoria y, con tal espíritu, se convocó a la CODE (Comisión Organizadora para el Debate Educativo), "en un acto con precedentes en otros países pero no en la historia de la educación nacional"[2] La CODE se integró al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a la Administración Nacional de la Educación Pública (Anep), a los sindicatos de la enseñanza, a los partidos políticos, a la Universidad de la República y las universidades privadas, y a los estudiantes universitarios y los colegios privados, a los efectos de preparar y orientar dicho debate.

El desafío resultaba arduo y extenso: examinar los problemas del presente; proponer las orientaciones generales de la educación para el futuro y sugerir los medios para lograr que las condiciones materiales y profesionales de la educación se adecuasen no solo a las aspiraciones y necesidades del pueblo uruguayo, sino también a una visión esperanzada y solidaria de la futura sociedad. En el documento redactado para la convocatoria, se sostenía como deseable "que en el Debate Educativo participe la totalidad de la población nacional, expresando sus experiencias, valoraciones y propuestas sobre todos los aspectos de la educación y en particular sobre aquellos que refieren a nuestro actual y futuro Sistema de Educación Pública. Tal Debate nos ocupará la mayor parte del año 2006, incluyendo a fines de octubre próximo un Congreso Nacional de Educación".[3] De este propósito, se cumplió especialmente el calendario, pero se podría decir que la mayoría de la población estuvo ausente, probablemente por muy diferentes motivos que escapan a este artículo.

La convocatoria también dejaba en claro que del Debate y del Congreso surgiría un conjunto de propuestas que sería presentado a las autoridades autónomas de la enseñanza y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a modo de " recomendaciones", para la elaboración y sanción de una nueva Ley de Educación. Con un llamado muy amplio, la CODE convocó a la ciudadanía "a un debate que conviene que sea tan amplio como libre".[4] En octubre de 2006, al finalizar el Congreso, la CODE afirmaba que el proceso había reunido "más de 1200 ciudadanos, representantes de asambleas de vecinos, organizaciones sociales, estudiantes, colectivos de educadores y otros trabajadores de todos los ámbitos del país" y que la "concreción de este Congreso pone de manifiesto la importancia que los uruguayos le otorgamos a la Educación".[5]

Sin duda que tanto las intenciones como los esfuerzos fueron loables, pero la realidad resultó muy distinta a la euforia provocada por la convocatoria. Quien esto suscribe, docente de un centro educativo del zonal 4 (circunscripción territorial del municipio de Montevideo), se integró a la CODE barrial y participó de la convocatoria a los vecinos con la finalidad de integrarlos en la programación de 6 asambleas en distintos puntos del barrio, para que de esta manera se pudiera cumplir con el objetivo original del Debate Educativo. La vastedad de los puntos propuestos en la "Guía de discusión"; la inexperiencia de los asambleístas en temas educativos; la intencionalidad de entorpecer los debates, por parte de algunos estudiantes manifiestamente opuestos a la realización del debate y a los propósitos de las autoridades nacionales, pero a su vez entusiastas a la hora de "imponer" por votos afirmaciones que no podían representar jamás la opinión de la mayoría de los vecinos -por estos no haber participado ni haberse enterado de los encuentros-, generaron un ambiente que fue una anticipación del que se respiró durante el Congreso.[6]

Allí, la tendencia a actitudes "corporativas" se hizo más evidente. La integración del Congreso, en general, no expresó la diversidad y riqueza de la sociedad y de la educación uruguaya.[7] El enfoque dominante de las intervenciones y de la dinámica del Congreso fue el de la distribución y lucha de poder de las corporaciones y no la búsqueda de estrategias y soluciones para los grandes problemas que tenemos. La enorme riqueza de los documentos territoriales y sectoriales, así como del documento producido por el MEC, no fue debidamente aprovechada en el trabajo de comisiones y plenario.[8]

Desde las corporaciones, existieron temas "insignia" que se exhibieron con pasión, como, por ejemplo, el de la autonomía y el co-gobierno, pero muchas veces sin que se generara intercambio de ideas y características de verdadero debate. En este sentido, opinamos que la autonomía de la educación es un postulado legítimo, pero también es legítima la intervención de las autoridades nacionales, que representan al pueblo soberano, en las orientaciones del sistema educativo. Para ello, el Poder Ejecutivo y Legislativo deben ejercer una función orientadora de todo el sistema educativo. Este principio debe inscribirse en un marco de coordinación de todos los subsistemas. Cualquier forma de co-gobierno debe evitar todo tipo de corporativismo y respetar el ejercicio pleno de la ciudadanía en democracia.[9]

Otro tema en el que se insistió, fue el predominio de posiciones estatistas excluyentes de la educación pública de gestión privada.[10] Así lo expresaron las instituciones educativas no estatales, que participaron en el Congreso con el espíritu de construir y hacer aportes, y que encontraron que sus contribuciones eran descalificadas, más en razón de su origen que en virtud de sus contenidos.[11]

Para finalizar, el Congreso dejó en evidencia la necesidad de toda la sociedad uruguaya de un proceso de diálogo más amplio con todos los actores políticos, educativos, gremiales, empresariales y de la sociedad civil organizada, para hacer frente a la crisis de la educación del país. Considerando que fue una instancia de consulta -no vinculante- a la ciudadanía sobre el futuro de la educación, creo que hubiera sido más apropiada otra metodología para recoger las propuestas de los uruguayos.



…AL PARLAMENTO

El Gobierno dio comienzo a una segunda etapa, es decir, a un período de "puertas adentro", de reflexión y estudio, para la elaboración de una nueva Ley de Educación. [12] En el intento de cumplir con su compromiso electoral y de aprobar la Ley en el año que corría, se fue construyendo primero un difícil consenso dentro de la coalición de gobierno. La fuerza gobernante entendió que las propuestas a las que se había llegado, por medio del proyecto de ley, constituían un avance sustantivo en materia de educación.

Para dar sustento a las nuevas propuestas, las autoridades se apoyaron en que la nueva Ley creaba un sistema integrado de educación, en el que se introducían espacios de participación inéditos. El tan deseado carácter universitario para la formación docente, fue, junto con otros principios y metas de interés, uno de los puntos que recibió amplio debate.

Frente al avance de participación y co-gobierno, el proyecto de Ley expresó la firme determinación del Ejecutivo de no renunciar a la influencia política en la educación, lo que provocó la queja de los sindicatos docentes de la educación media que reclamaban el co-gobierno total, tal como ya lo habían exigido en el ya mencionado Congreso. Acabada la convocatoria, el gobierno inició una ronda de contactos con las entidades de enseñanza y los sindicatos, con la expectativa de que el proyecto alcanzara los mayores consensos y pudiera integrar los temas tratados en el Parlamento, en donde bastan los votos del oficialismo para su aprobación.

En el articulado del proyecto, se reducían los cargos nombrados directamente por el Ejecutivo y se ampliaban los espacios de influencia de los docentes a nivel del Codicen y de los consejos desconcentrados. Así, el Consejo de la Anep pasaría a tener cinco miembros: tres designados por el Ejecutivo con venia del Senado y dos por los docentes. El requisito de la venia llevaba a que, en el futuro, los tres consejeros políticos en el Codicen no pertenecieran al mismo partido, ya que el oficialismo seguramente necesitaría apoyo de la oposición para alcanzar la mayoría especial. A nivel de los cuatro consejos desconcentrados, la dirección estaba conformada por dos miembros nombrados por el Codicen y uno nombrado por los docentes. En el caso de los primeros, estos debían contar con el apoyo de cuatro de los cinco integrantes del Codicen, por lo que los docentes tendrían una cuota de participación en esos nombramientos.

En lo referente a la formación docente, se estableció la aspiración de que, en el futuro, el Instituto Universitario de Educación se constituya en Universidad de Educación, reivindicación defendida por la Anep y que ha encontrado resistencia por parte de la Universidad de la República (UDELAR).

Una novedad que ha traído el proyecto, es el de la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Inee), que funcionará de forma independiente y producirá informes evaluatorios que deberán ser presentados cada dos años al Poder Legislativo. El nuevo instituto consagra una mirada externa sobre el sistema educativo preuniversitario, tanto público como privado, e incluye los esfuerzos de evaluación que el MEC y la propia Anep han venido haciendo. Según el proyecto, el nuevo Instituto estará dirigido por una comisión que será integrada por un representante del Ejecutivo, uno de la UDELAR, uno de los centros privados y dos de la Anep. El tema ha presupuesto conflicto desde ámbitos sindicales, ya que se consideró que, en principio, el Inee puede atentar contra la autonomía de esta entidad, ya consagrada en la Constitución.



...QUÉ QUEDARÁ?

Más allá de los detalles, la ley entra al Parlamento y a un escenario de conflicto en la educación y en la "calle". En resumen, parece que a la hora de tomar decisiones sobre los temas educativos, estos se diluyen entre otros intereses mucho más fuertes y predominantes. ¿Cómo se resolverá finalmente el destino de la educación uruguaya? ¿Se buscará un marco para resolver los temas educativos o se optará por los temas de orden corporativos o directamente ajenos a la educación, como lo son los políticos partidarios, los sectoriales económicos o los sociales? Poca atención se ha colocado en lo específicamente educativo. Mucho se habló sobre el cogobierno y la autonomía del gobierno de la educación, sobre la elección de sus miembros y sobre aquellos a quienes se debe dar respuesta de la gestión. Las reformas y los nuevos planes educativos deben relegar los temas secundarios para ir a los pedagógicos, que son los que interesan. Enseñar modos actualizados para insertarse en la sociedad y vivir con dignidad. Acercar a los jóvenes a la realidad que los circunda. También generar espíritu creativo que los lleve a desear lo mejor y poner los medios que sean posibles para alcanzarlo.[13]

Es claro que la Ley por sí sola no bastará para solucionar los problemas de la educación. Este es un desafío de todos. Y es evidente, además, que no es fácil dar respuestas en los tiempos en que vivimos, tiempos que nos exigen, más que nunca, actuar como testigos y como maestros. (NA)