Procurando aprofundar a reflexão sobre uma temática tão presente no cotidiano de nossas vidas, a sessão Idéias em Rede trás alguns artigos que, além de nos ajudar a ampliar o debate, põem em evidência a complexidade e diversidade das questões que envolvem a problemática da violência. Sofía Macher, Presidente do Conselho de Reparações, por exemplo, nos convida a refletir sobre as sérias conseqüencias da luta armada que aconteceu, no Perú, ao longo de 20 anos e que até hoje marca a sociedade, exigindo justiça e reparações. Por sua vez, a relação entre violência, tolerância e diferença é o foco do artigo do professor Marcelo Andrade, um brasileiro que aposta na tolerância como uma agenda mínima para que seja possível caminhar no sentido da construção de uma vida mais harmoniosa entre as pessoas, sempre tão diferentes. Já a violência contra a mulher é a preocupação da mexicana Angeles Lopez Garcia. No seu artigo tão instigante, a autora procura refletir sobre as diferentes dimensões que estão relacionadas a um problema sério e que começa muitas vezes no interior da própria família. Muitas têm sido as lutas para mudar esse quadro que não se restringe ao México, mas, ao contrário, tem afetado a vida de milhares de mulheres em diferentes pontos do planeta. Leia os artigos e entre nesse debate!


Buscando profundizar una temática tan presente en la rutina de nuestras vidas, la sección Ideas en Red trae algunos artículos que, además de ayudarnos a ampliar el debate, ponen en evidencia la complejidad y diversidad de aspectos que forman parte del problema de la violencia. Sofía Macher, Presidente del Consejo de Reparaciones, por ejemplo, nos invita a reflexionar sobre las serias consecuencias de la lucha armada que ocurrió en Perú, a lo largo de 20 años, y que aún marca a la sociedad, la cual exige justicia y reparaciones. A su vez, la relación entre violencia, tolerancia y diferencia es el enfoque del artículo del profesor Marcelo Andrade, un brasileño que apuesta en la tolerancia como una agenda mínima para que sea posible caminar hacia la construcción de una vida más armónica entre las personas, siempre tan diferentes. Ya la violencia contra la mujer es la preocupación de la mexicana Ángeles López García. En su instigante artículo, la autora reflexiona sobre las diferentes dimensiones que se relacionan con este serio problema, el cual, muchas veces, empieza en el interior de la propia familia. Muchas han sido las luchas para cambiar este cuadro que no se restringe a México, sino que, por el contrario, ha afectado la vida de millares de mujeres en diferentes puntos del planeta. ¡Lea los artículos y entre en el debate!

A 5 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: avances y retos
Sofía Macher
Presidenta del Consejo de Reparaciones.
Ex miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Perú.



O informe da Comissão da Verdade e Reconciliação criada em 2001 no Peru tem constatado que o conflito armado interno que viveu o país entre 1980 e 2000 constituiu o episódio de violência mais intenso, extenso e prolongado de toda a sua história, com um saldo de provavelmente 70 mil mortos ou desaparecidos. O conflito revela brechas e desencontros profundos e dolorosos na sociedade peruana; a justiça e a reparação são dívidas que se tem com as vítimas, devendo-se evitar o possível preconceito e discriminação.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue creada en 2001 por el gobierno de transición, luego de la caída del tercer gobierno de Alberto Fujimori, y realizó su trabajo durante el gobierno de Alejandro Toledo. Las tareas encomendadas a la CVR fueron: "a) Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú; b) Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades; c) Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares; d) Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas, políticas o administrativas; y, e) Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones"[1].

Luego de dos años de trabajo, más exactamente un 28 de agosto de 2003, la CVR presentó su informe a la nación, explayado en nueve tomos. Este informe rompió sentidos comunes. En su primera conclusión, señala que:

"La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana".



Desde su primera conclusión, la CVR marca claramente al país el tema central que debe ser atendido como sociedad, para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en nuestro país. Se señala en el informe que no es posible hablar de una reconciliación sin haber atendido primero a estas brechas que nos separan como peruanos. Fueron probablemente 70 mil personas las que murieron o desaparecieron, no 25 mil -como se hablaba hasta antes de la presentación del informe. La CVR nos reconvino a todos los peruanos con la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que más de 40 mil personas murieran o desaparecieran sin que nadie las hubiera echado en falta? Algunas personas en el país reaccionaron negando esta posibilidad y se enfrascaron en una complicada discusión sobre la metodología empleada por la CVR para calcular el número de víctimas fatales. A muchos esta situación los afectó profundamente, a causa de la responsabilidad que supone para la sociedad. La respuesta a la pregunta arriba expuesta es clara, se trató de los "invisibles" de nuestro país. El 85% de estas personas vivía en el campo, hablaba quechua u otra lengua nativa y el 69% tenia un nivel de educación primaria o era analfabeto.


LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS CONSTRUIR

La contundencia de estas conclusiones nos obliga a repensar nuestro país, a repensar la democracia que queremos construir. La reconciliación no puede ser reducida a simplemente un acuerdo entre los actores directos de la violencia, tampoco equivale a olvidos o amnistías. La reconciliación debe basarse en la justicia y no en la impunidad. Por tanto, la reconciliación debe ser el inicio de algo nuevo, de una propuesta de futuro para el país, de una propuesta de país en donde no existan brechas que dividan a la sociedad, ni exclusión o discriminación. Se trata de un proceso que llevará tiempo, pero que debemos seguir impulsando.

Sin embargo, la justicia y la reparación no pueden esperar. Estas son deudas que se han adquirido con las víctimas. Darles a estas una atención adecuada forma parte del proceso de reconciliación. En estas dos áreas se han dado pasos importantes, aunque no con la celeridad que exigen las víctimas. En el presente artículo solo me voy a referir a las reparaciones, ya que es en este campo en el que se han obtenido los mayores avances. La Ley No 28592 del Plan Integral de Reparaciones -siguiendo las recomendaciones de la CVR- formaliza el derecho de las víctimas a recibir reparación y la obligación del Estado a prestar socorro. Teniendo en cuenta el perfil de las víctimas, un objetivo central de la reparación debe ser el de restituirles la dignidad como personas y el reconocimiento de su ciudadanía. Es necesario visibilizarlas como ciudadanos sujetos de derechos, y no ya como víctimas de la violencia. La reparación, por otro lado, tiene también un alto sentido simbólico, ya que difícilmente le permitirá a la víctima recobrar lo perdido. Aunque sabemos bien que la pérdida de una vida es irrecuperable, es de gran importancia que el Estado lleve a cabo esta acción, con el objetivo de que la salud mental de las víctimas sea conservada.



La ley de reparaciones establece dos pasos para su ejecución. El primero es la certificación de las víctimas, tanto colectivas como individuales, a cargo de un Consejo de Reparaciones (CR); el segundo paso es la ejecución de la reparación, la cual está a cargo de otro organismo llamado Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargado del seguimiento de las acciones y políticas del Estado, en los ámbitos de la paz, de la reparación colectiva y de la reconciliación nacional. Desde el año pasado hasta la fecha, la CMAN le ha entregado reparaciones colectivas a casi mil comunidades rurales afectadas por la violencia.

El Consejo de Reparaciones (CR) es la instancia del Estado que debe elaborar un Registro Único de Víctimas (RUV), de carácter permanente. Esto, porque la reparación es un derecho de las víctimas y ninguna de ellas puede ser privada de su derecho a reclamar una reparación. El Consejo de Reparaciones es un órgano colegiado que forma parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sus integrantes fueron designados por Resolución Ministerial 373-2006-PCM, realizan sus funciones ad honorem y no pueden ser parte de la administración pública. El CR cuenta, además, con una Secretaría Técnica que funciona como un órgano de apoyo administrativo y técnico. La composición del consejo pretende representar al conjunto de la sociedad: militares, empresarios, población nativa y activistas de derechos humanos. Este es un procedimiento ad hoc, dada las característica de las víctimas: aproximadamente el 80% se encuentra sin documento de identidad y sin pruebas que documenten el daño sufrido. Por otro lado, el número de víctimas es tan elevado, que se haría imposible atenderlas a todas por medio de la vía judicial, como sería de praxis. Se calcula que debe haber unas 120 mil víctimas (no solo fatales) registradas, a las que se suman los familiares de los fallecidos y desaparecidos, a quienes la ley también considera víctimas. La cifra puede subir a 280 mil personas.

El Consejo de Reparaciones tiene la potestad de aprobar su reglamento, así como los protocolos de funcionamiento y operación del RUV. El primer trabajo al que se abocó el CR fue el de establecer los principios rectores para la elaboración del RUV. Es muy importante resaltar que todas las decisiones se tomaron por consenso, lo que significó un importante esfuerzo por parte del conjunto de consejeros. Estos lograron construir un lenguaje de trabajo común, sin dejar de lado las diferencias de pensamiento, mostrando, así, la importancia que cada consejero le otorgó a la tarea encomendada. Los principios establecidos son, en primer lugar, entender la certificación de una víctima como un acto de respeto a la dignidad y los derechos de la persona humana; en segundo lugar, entender el proceso de registro como un acto reparador en sí mismo; debe también garantizarse un trato igual y proporcional a quienes se encuentren en una misma situación y de manera diferenciada a los que enfrenten una situación adversa. Y por último, debe garantizarse el fin de la discriminación, de la exclusión, de la restricción, así como de cualquier tipo de preferencia que pueda resultar en la anulación o menoscabo del reconocimiento, de la asignación o del goce de las reparaciones en condiciones de igualdad.



LOS ENFOQUES EN EL REGLAMENTO DEL RUV

Los enfoques establecidos en el reglamento del RUV son los siguientes:
a) integralidad: consideración de las dimensiones y los factores que inciden en el proceso de elaboración del RUV y del modo como los mismos se relacionan e interactúan, a fin de lograr el mayor efecto positivo posible en cada intervención;
b) sostenibilidad: preocupación del RUV para evitar los efectos negativos de la acción reparadora y para que, aquellos de efecto positivo, tengan duración permanente;
c) intergeneracional: pervivencia, de una generación a otra, de las secuelas del proceso de violencia, con miras a que la elaboración del RUV evite un transvase intergeneracional;
d) psicosocial: medidas concebidas en forma contextualizada, teniendo en cuenta las causas de la violencia, la empatía necesaria con la población afectada y la orientación hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida; e) participativo: reconocimiento del derecho y participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, cultural, económica y material, mediante un proceso de diálogo y consulta que presupone incorporar y desarrollar las sugerencias de la población involucrada;
f) intercultural: reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales de la población peruana y, por lo tanto, su diversidad, así como del impacto diferenciado que han tenido las acciones de violencia sobre las diversas comunidades etnolingüísticas que integran la población nacional. El enfoque intercultural busca respetar las diferencias existentes y trabajar con ellas desde una perspectiva de diálogo entre sujetos distintos, adecuando las acciones a las particularidades de cada población y de cada persona beneficiaria de las mismas;
g) equidad de género e igualdad de oportunidades: el reconocimiento de las situaciones de desventaja y diferencia entre hombres y mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones, estimula la creación de condiciones especiales para facilitar la participación y presencia de las mujeres en la toma de las mismas. Además, busca generar conciencia entre los distintos miembros de la colectividad sobre las diferencias e inequidades estructurales de género existentes;
h) simbólico: reconocimiento de la dignidad y de los derechos de las víctimas, reconocimiento de la forma como fueron afectadas durante el proceso de violencia, y afirmación de la condición de ciudadanos/ as;
i) derechos humanos: el RUV buscará hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, a la luz de las normas nacionales e internacionales suscritas y ratificadas por el Estado peruano;
j) descentralizado: consideración de los procesos regionales y locales en materia de reparación.



También se han establecido estos criterios: de celeridad: para actuar de manera eficiente y eficaz en el menor tiempo posible; de subsanación, para restituir, a través de la reparación, las condiciones preexistentes a la violación de los derechos; de presunción de condición de víctima: para asumir a las personas como víctimas, cuando indicios razonables así lo indican. Especial cuidado demanda evitar la 'doble victimización' de quienes han sido objeto de violación de sus derechos fundamentales. Debe evitarse la estigmatización y discriminación tanto de las víctimas como de sus beneficiarios.

Un dilema que se nos plantea es que el registro puede constituirse en una herramienta de generación de expectativas que luego pueden no ser adecuadamente atendidas por el gobierno, convirtiéndose, de esta manera, sin habérselo propuesto, en un nuevo mecanismo de exclusión. Con respecto a este dilema, creo que mucho más excluyente es negar la posibilidad de acceder a sus derechos, si bien es cierto que no existe ninguna garantía de que el gobierno de turno cumpla con las reparaciones individuales. Pero si esto ocurriera, cualquier ciudadano podrá exigirle a ese gobierno el cumplimiento de su derecho de reparación.

Considero que es una herramienta de inclusión en sí misma que debemos seguir trabajando, pues contribuye al desarrollo de ciudadanos sujetos de derechos.



Un reto importante es poder llegar a las poblaciones más alejadas de nuestro país, a donde ni siquiera la CVR pudo llegar. Esto requiere de personas de la zona, las cuales, por ser de la región, pueden llegar caminando a esos lugares, hablan el idioma local, tienen el respaldo de sus autoridades locales y consiguen la confianza necesaria para que se pueda hacer un registro de los efectos sufridos durante el período de violencia. Para todo esto, se requiere de muchos más recursos de los que se disponen actualmente.

El registro de la violencia sexual es otro de los grandes retos que tiene a su cargo el CR. Sin embargo, la reparación de dicho tipo de violencia exige que se siga un procedimiento especial. Para comenzar, sería adecuado que esos registros fueran atendidos por mujeres; en segundo lugar, sería necesario dedicarle mayor tiempo a las mujeres de las comunidades rurales, para que se les pueda explicar a estas que la violencia sexual es, también, una violación a sus derechos humanos; por último, sería conveniente que se guardara reserva sobre la identidad de las víctimas. Lamentablemente, en la actualidad, el CR no cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo acciones de esta naturaleza, razón por la cual se hace necesario redoblar los esfuerzos para el diseño de una metodología que no solamente sea adecuada, sino que además capacite a las personas de forma apropiada para llevar a cabo el registro de este tipo de casos. (NA)