La violencia contra las mujeres no se reduce al golpe
Ángeles López García
fatleon@prodigy.net.com.mx
Centro de Derechos Humanos Victoria Díez
México




A partir das lutas de mulheres e do movimento feminista, desde fevereiro de 2007 vigora no México a Lei Geral de Acesso das mulheres a uma vida livre de violência, que tem as mulheres como sujeito jurídico e político e reconhece que a violência contra elas se dá na família, no trabalho, na escola, na sociedade, nos meios de comunicação, nas instituições e no Estado, provocando danos psicológicos, físicos, econômicos, sexuais, patrimonial, chegando à morte. Este avanço legal, entretanto, não permitiu ainda o acesso das mulheres à justiça, já que reduz o reconhecimento dos direitos ao interior da família natural, sendo esta ainda uma grande dívida do Estado mexicano.

La violencia contra las mujeres es el crimen más generalizado y menos castigado porque se considera natural. Es una grave violación a los derechos humanos que tiene consecuencias para el desarrollo económico, político, social y cultural de cualquier país.

En México, las mujeres vivimos una violencia estructural ejercida por las instituciones y el sistema social patriarcal. Las políticas de estado están centradas en el mercado y no en las personas. Lo que importa es el crecimiento económico a costa del bienestar social, con lo cual se agrava el estado de pobreza, de desigualdad social y la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en general, y de las mujeres y de amplios sectores empobrecidos, en particular.

Según cifras conservadoras, en México el 42% de la población vive en estado de pobreza y casi el 14% vive en la pobreza extrema.[1] Según el Banco Mundial, la pobreza en México alcanza el 50%.[2] Y esta realidad convive con Carlos Slim, el hombre más rico del mundo que concentra alrededor del 8% del PIB del país.

Esta indignante desigualdad no es solo económica, también se refleja en el goce y disfrute de todos los derechos humanos, en especial de los más pobres. Las mujeres constituimos la mayoría de esos pobres económicos y sociales debido, entre otras causas, a la discriminación que vivimos por género, etnia, raza y opción sexual.

El sistema patriarcal reproduce creencias, prácticas y valores basados en la relación de poder de los hombres sobre las mujeres, lo que hace de la violencia contra las mujeres una experiencia cotidiana que, en su expresión extrema, ha terminado con la vida de muchas mujeres, dando lugar a lo que se ha llamado feminicidio.

En febrero del 2007, y después de muchos años de activismo de mujeres y del movimiento feminista mexicano, entró en vigor la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley que recoge una buena parte de los estándares internacionales de derechos humanos; tiene como sujeto jurídico y político a las mujeres y reconoce que la violencia contra las mujeres se da en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en los medios de comunicación, en las instituciones y en el Estado, y que puede causar diversos daños: psicológico, físico, económico, sexual, patrimonial e incluso la muerte.

Desgraciadamente, este avance legislativo no ha traído un mejor acceso a la justicia para las mujeres. El estado mexicano reduce el reconocimiento de los derechos de las mujeres solo al interior de la "familia natural" y aun en este espacio intenta transmitir la idea de la familia armoniosa, respetuosa e igualitaria, ocultando la otra cara de la maternidad, expresada en el abuso sexual, en la falta de cuidado, en el maltrato físico, emocional, económico y sexual.

Vivimos en una sociedad con un doble discurso, pues por un lado se sacraliza la maternidad -incluso la no querida- y por el otro lado la maternidad se ejerce en un mundo patriarcal y en circunstancias hostiles y adversas para las mujeres, al extremo de ser impuesta a las niñas víctimas de violación. El Estado responsabiliza a las mujeres por la maternidad, pero no las provee de los recursos materiales para ejercerla.

El modelo actual de familia no es un hombre proveedor y una mujer "que no trabaja" o "ama de casa". La realidad que vivimos es el de un trabajador con trabajo temporal y bajos ingresos acompañado de una mujer con triple jornada. Aun en el trabajo asalariado las mujeres enfrentan mayores obstáculos que los hombres, reciben salarios menores por el mismo trabajo, están mayoritariamente en el trabajo informal, tienen menos acceso al crédito, la tierra, el tiempo y la educación. Siguen siendo las responsables del trabajo de casa y viven con una culpa emocional de que están "descuidando a la familia". Deben someterse a una prueba de no embarazo si quieren acceder al empleo y sufren despidos ilegales cuando están embarazadas. Todo ello sin que el Estado tome las medidas adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.

Los procesos de privatización de servicios y el abandono por parte del Estado afectan de manera directa a las mujeres, las cuales acaban sufriendo sobrecarga de trabajo. Por lo que podemos decir que la ineficacia del Estado la pagan las mujeres y niñas con su trabajo, sin horas de descanso, durmiendo menos, cuidando a los enfermos, cuidando a sus hermanos más pequeños, caminando mucho para comprar más barato.

El Estado mexicano tiene una mirada instrumental de las mujeres al conferirles un rol subsidiario al Estado y al mercado. Transfiere responsabilidades públicas al espacio privado y esto implica inevitablemente nuevas y mayores responsabilidades para las mujeres de todas las edades: abuelas cuidando a los nietos, niñas sustituyendo a las madres y madres con intensas cargas de trabajo remunerado y no remunerado.

Esta es una violencia institucional que lleva a las mujeres a, individualmente, resolver esta realidad de la que el Estado se autoexcluye.

También la falta de leyes, de políticas públicas y de mecanismos que impulsen el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres constituyen violencia de género contra las mujeres. Así como la ausencia de políticas públicas para las tareas de cuidado humano que no son reconocidas, subsidiadas ni financiadas, y todo el trabajo de las abuelas, las hermanas, las tías, las suegras y las comadres.

La forma extrema de violencia contra las mujeres lo constituye el feminicidio que tiene su base en una cultura que subordina y discrimina a las mujeres, pero que es tolerada por el Estado y la sociedad. Los asesinatos de mujeres cometidos por hombres son consecuencia directa de políticas gubernamentales que le niegan a las mujeres su calidad de sujetas de derechos y que pretenden preservar el status aferrándose a ideas conservadoras que le niegan la ciudadanía a las mujeres, a pesar del amplio marco normativo que consagra derechos y libertades para nosotras.



PARA CONCLUIR

La violencia que acaba con la vida de las mujeres es una grave violación a los derechos humanos. Los funcionarios del Estado mexicano no le dan la debida atención porque comparten la idea de que las mujeres son usables, no son personas con dignidad y derechos y solo pueden ser miradas dentro del contexto de una familia.

La violencia contra las mujeres no es un problema personal y privado, es un problema jurídico, político y estructural. Para que exista es necesario el silencio, la omisión, la negligencia y la inacción de las autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar esta realidad.

La violencia que viven las mujeres muchas veces no se denuncia, porque cuando ellas denuncian no se les cree. Pocas veces se investiga y se persigue y, cuando se persigue, se hace de una manera poco profesional por parte de los investigadores y de los jueces, ya que estos desconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos y carecen del conocimiento fundamental de la violencia de género contra las mujeres.

Las causas de los feminicidios no se encuentran en las características "patológicas" de los agresores, sino en el estatus social, en el marco normativo deficiente, en la ineficacia de los servicios y en la dificultad de las víctimas para tener acceso a la justicia.

En México existe la violencia de Estado contra las mujeres porque las instituciones no les dan garantía de vida ni seguridad. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la salud y ni siquiera el derecho a la reparación, para aquellas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Al no garantizarse estos derechos, se genera violencia institucional.

Los feminicidios consisten en la muerte evitable de mujeres que han ido padeciendo una larga cadena de violencia física, emocional, sexual, económica, patrimonial, no solo dentro de la familia, sino en la sociedad, en el trabajo, en los medios de comunicación, en la escuela y en las instituciones.

Si hubiera una adecuada intervención por parte de las instituciones judiciales, para dar reparaciones con justicia y con asistencia social, el proceso de violencia acabaría sufriendo una ruptura y se evitaría el feminicidio.

Es por eso que el Estado mexicano debe tomar en serio el cumplimiento de sus responsabilidades de respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres.

Afortunadamente, casos como el de Maria da Penha, en Brasil, nos animan a seguir denunciando la responsabilidad del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así como a seguir promoviendo el cambio cultural con justicia social y justicia de género, para lograr la plena ciudadanía de las mujeres y conseguir sociedades democráticas en lo público y en lo privado. (NA)